El conde de Floridablanca y el conde de Aranda encarcaban respectivamente la renovación adminsitrativa, económica y cultural, y el mantenimiento de las estructuras de poder. El primero se echó atrás ante el cariz que tomaba la revolución del país vecino y entonces se dispuso que fuera Godoy quien encabezara los asuntos de Estado.
Pero la decisión estaba tomada: bajo ningún concepto se permitiría que las ideas de la Revolución Francesa penetraran en España y, por tanto, la censura cobró mayor protagonismo, se reforzó la frontera con Francia y se tomaron las medidas necesarias para presionar al gobierno francés con el fin de que detuviera el camino que había emprendido.
Para ello, el gobierno de Carlos IV contaba con el apoyo de la nobleza y el Clero quienes no dudaron en apoyar el cierre de los periódicos, en controlar las Sociedades de Amigos del País y en reforzar el papel de la Inquisición, todavía activa, en el control que ejercía sobre las obras de los ilustrados Rousseau y Montesquieu. A pesar de estas medidas, los ecos de la revolución llegaron a través de revueltas, tumultos y pasquines mientras aumentaba el descontento popular sobre Godoy, principal amenaza para el Príncipe de Asturias, futuro heredero del trono.
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